Derecho a comprender
¿Crees que los textos legales, las normas y los escritos que nos llegan de la Administración se entienden bien? Si crees que sí, estás de suerte, porque perteneces al 18% de la población que los comprende. Esta entrada en el blog está dedicada al 82% restante.
Es frecuente que la gente se queje de que no entiende lo que les llega por escrito. Las quejas formuladas ante el Servicio de atención al ciudadano del Consejo General del Poder Judicial indican que el lenguaje jurídico es críptico (como los jeroglíficos) y oscuro (vamos camino de Mordor), y que resulta incomprensible para el ciudadano, especialmente en aquellos procedimientos en los que no hay que tener abogado. Esto merece, en mi opinión, una doble consideración:
En primer lugar, la Administración Pública debe hacer por acercar el lenguaje al ciudadano. Cada vez más Administraciones Públicas han editado manuales de estilo en los que, por ejemplo, se recomienda a los funcionarios que eviten el uso indiscriminado de gerundios y frases subordinadas infinitas que, para rematar la faena, a veces ni siquiera aparecen ligadas a su oración principal, rompiendo la sintaxis de los párrafos. Por otro lado, se recomienda que se evite el uso de latinismos que tienen su traducción al castellano.
En un informe de 2011 de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico se nos recuerda que la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002, hace de la claridad del Derecho una política pública y reconoce a la ciudadanía el derecho a comprender. ¿Alguien sabía esto?
Que desde el 2002 tienes "derecho a comprender" significa que desde 2002 tienes derecho a exigir el cumplimiento de ese derecho. Si no lo sabes, no lo exiges, si no lo exiges, nada cambia. Hay que aceptarlo como fallo del sistema. Como dicen en mi tierra (y quizás también en la tuya), "el que no llora no mama".
Esa Comisión tan fantástica, cuyo informe puedes encontrar fácilmente en internet, dice todas estas cosas maravillosas:
"El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles y se evite el uso de elementos intimidatorios innecesarios. El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho. El ciudadano tiene derecho a que en las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean. comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. La ciudadanía tiene derecho a comprender, sin la mediación de un "traductor", las comunicaciones verbales o escritas de los profesionales del derecho. Un mal uso del lenguaje por parte de estos genera inseguridad jurídica e incide negativamente en la solución de los conflictos sociales".
En definitiva, queridos empleados públicos entre los que me incluyo: no somos más guays ni aparentamos saber más porque inundemos los escritos de términos que nadie entiende. Eso no nos hace más sabios y ni nos posiciona por encima del receptor. Qué va. Eso es lo que inconscientemente creemos: que el otro es lelo y no me entiende, con lo clarito que hablo yo. Pues no. A lo mejor, simplemente, no hablo tan clarito. ¿No les parece que de fondo hay cierto tufillo de aires de grandeza, o que al menos damos esa imagen a las personas a las que servimos?